El periodo medio de pago a proveedores ha sido de 35 días en el cuartro trimestre de 2015, así lo ha comunicado la concejala de Hacienda, Macarena Medel, además informó de los plazos de pago medios de los Ayuntamientos de Coslada, 43 días, Torrejón de Ardoz, 101 días y Alcalá de Henares 134 días. Esto no justifica el incumplimiento ya que la ley establece como periodo medio de pago 30 días, aunque el Ayuntamiento está próximo a cumplir la ley.
No se conocen los intereses que paga el Consistorio por retrasos en los pagos a proveedores.
El periodo de pago de la Administración con sus proveedores progresa adecuadamente pero necesita mejorar. La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (Pmcm) ha presentado un informe esta mañana en el que refleja que el sector público redujo durante 2015 en siete días el retraso con el que paga sus deudas hasta los 75 días. Si bien en los últimos años los plazos han ido bajando desde los 162 días de dilación que soportaban los proveedores en 2011, los 75 días continúan doblando el límite legal de 30 días.
Como fuere, el sector público paga a menos días que el sector privado, que afronta sus deudas a 85 días, también por encima del umbral que fija la ley –en el caso de las compañías es del 60 días– y también en un periodo más reducido que el que registraban un año antes (cuatro días menos que en 2014).
El presidente de la plataforma, Antoni Cañete, señaló que muchas empresas continúan teniendo «miedo» a la hora de denunciar estas prácticas, en vista de perder contratos futuros.
Según una encuesta del organismo, el 83% de los proveedores nunca o casi nunca exigieron a sus clientes morosos los intereses de demora y el 94% de no reclamaron la indemnización legal. Más allá: el 72% de las empresas tuvo contratos o acuerdos comerciales con clientes que les imponían plazos de pago superiores a los 60 días legales.
Reclamaciones de 3.000 millones
Ante este escenario, el Gobierno podría hacer frente a una oleada de reclamaciones por el Plan de Pago a Proveedores, que alivió la situación de200.000 empresas a las que la Administración debía en 2012 unos 41.800 millones de euros. Hacienda incluyó una claúsula para que las empresas perdonaran los intereses de demora a cambio.
Ahora la plataforma señala que en breve la Justicia europea emitirá una sentencia que dictaminará que esta claúsula es contraria al derecho continental, lo que podría suponer la devolución de 3.000 millones de eurossi reclaman todos los proveedores que recibieron fondos del Estado.
Cañete señaló que el dictamen de Europa llegará «en el mes de mayo». Desde el Ministerio de Hacienda niegan que tengan constancia de esta futura sentencia continental. El conflicto legal tiene su origen en una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE por un juzgado de Murcia.
