Para el nuevo equipo de la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras es el marrón de la legislatura. Se trata de la reparación de las grietas aparecidas en la Línea 7b de Metro, a su paso por San Fernando de Henares. La situación calamitosa en la que se encontraba la infraestructura obligó a la Consejería a intervenir, apenas un mes después de tomar posesión.
«Hasta la fecha, nos hemos gastado en esta legislatura tres millones de euros, esencialmente, en inyectar hormigón», precisa un portavoz de la Consejería simplificando los trabajos. Originalmente, se presupuestaron 2,8 millones, sin incluir el IVA, para estos trabajos de emergencia. Además, desde la Consejería se señala que «tienen provisionados» otros tres millones por si es necesario seguir apuntalándolo.
«El próximo mes de septiembre-octubre finalizan los 14 de plazo. Las obras ya se han acabado. Llegadas esas fechas, los técnicos volverán a hacer las pruebas necesarias para determinar si hace falta o no seguir con las medidas de reforzamiento», precisa. Todos estos costes extra, según señala la Consejería, «se le repercutirán a la constructora».
La línea 7 del Metro a Coslada y San Fernando fue realizada entre 2003 y 2007. Consta de tres tramos: Las Musas-M40; M40-Coslada y Coslada-San Fernando de Henares. La zona afectada se encuentra completamente en el tercer tramo. Tiene siete estaciones y una longitud de 6,5 kilómetros. «Desde su inauguración se detectaron filtraciones en el pozo de bombeo, situado entre las estaciones de San Fernando y Jarama. Tras monitorizar la zona se detectaron diversos movimientos», según señala la Consejería en la memoria sobre la actuación sobre la línea afectada. Por ello, se procedió a ejecutar diversos trabajos para estabilizar el terreno.
Desde la inauguración de la obra por Esperanza Aguirre -el 5 de mayo de 2007, semanas antes de las elecciones- hasta ahora, la Comunidad se ha gastado 9.051.776,76 euros, sin incluir el IVA, en sucesivas intervenciones. En 2009, hubo una de 3.002.668,63 euros; en 2011, dos por un montante de 878,091,74 euros; en 2014, otra por 2.171.016,39 euros y en 2015-16, la última por tres milllones.
En un informe del 1 de agosto de 2013 de la Unidad de Seguimiento y Auscultación Continuada remitido a la Dirección General de Infraestructuras daba por resuelto el problema y concluía que «el tratamiento realizado ha demostrado su eficacia».
Pero en el otoño de 2014 se detectó una reanudación de los movimientos y en la primavera de 2015 se manifestaron, incluso, «daños en algunos edificios del Complejo Dotacional El Pilar.
En abril de 2015 se contrató la ejecución de una campaña geotécnica e instrumentación en la zona afectada que consistía en realizar tres sondeos. Básicamente, se detectó la existencia de «sales altamente solubles» en los niveles profundos. A la vista de los daños que se veían se decidió actuar con más celeridad.
El 28 de julio, ya con el nuevo equipo, se acordó contratar las obras de emergencia. La propuesta inicial de Rodio Kronsa, la adjudicataria, se ha ido modificando y ajustando a medida que se ha conocido la dimensión de los daños provocados por «un acuífero confinado en un terreno kárstico. Es decir, con abundantes huecos creados por la disolución de las sales del terreno». Los huecos se detectaron a tan sólo dos metros de el solado del túnel.
